https://editorial.uaw.edu.ec/garantias-de-las-personas-con-discapacidad-en-los-pueblos-y-nacionalidades-indigenas-frente-a-la-discriminacion/

Recibido: 16/09/2025 Aceptado: 30/09/2025

Núm. 4, julio - diciembre, 2025

ISSN 3028-8584 • e-ISSN 3028-8592

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Resumen

En Ecuador, las personas con discapacidad pertenecientes a pueblos y nacionalidades indígenas experimentan una doble vulnerabilidad, producto de la discriminación histórica hacia sus identidades culturales y de las barreras relacionadas con la discapacidad. A pesar de la existencia de un marco normativo sólido —incluyendo la Constitución de 2008, la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (ONU, 2006) y el Convenio 169 de la OIT (1989)— persiste una brecha entre el reconocimiento legal y su aplicación efectiva. El análisis normativo y jurisprudencial, sustentado en metodología cualitativa documental y jurídico-comparada, evidencia problemas como el subregistro, la falta de servicios inclusivos en áreas rurales, la baja calidad de ayudas técnicas, apoyos comunitarios insuficientes y ausencia de políticas interculturales integrales. Los precedentes jurisprudenciales (Guachalá, Sarayaku y Sinangoe) confirman la limitada implementación de garantías, lo que demanda la adopción de medidas inmediatas de accesibilidad y no discriminación, así como políticas públicas sostenidas y culturalmente pertinentes que traduzcan el reconocimiento jurídico en resultados materiales de igualdad sustantiva y buen vivir para las personas con discapacidad en pueblos y nacionalidades indígenas.

Palabras clave:

Indígenas, derechos, discriminación, discapacidad.

Abstract

In Ecuador, persons with disabilities belonging to indigenous peoples and nationalities experience a double vulnerability, because of historical discrimination against their cultural identities and disability-related barriers. Despite the existence of a solid normative framework - including the 2008 Constitution, the Convention on the Rights of Persons with Disabilities (UN, 2006) and ILO Convention 169 (1989) - a gap persists between legal recognition and its effective application. Normative and jurisprudential analysis, based on qualitative documentary and legal-comparative methodology, evidence problems such as under-registration, lack of inclusive services in rural areas, low quality technical aids, insufficient community support and absence of comprehensive intercultural policies. Jurisprudential precedents (Guachalá, Sarayaku and Sinangoe) confirm the limited implementation of guarantees, which demands the adoption of immediate measures of accessibility and non-discrimination, as well as sustained and culturally relevant public policies that translate legal recognition into material results of substantive equality and good living for persons with disabilities in indigenous peoples and nationalities.

Keywords:

Indigenous peoples, rights, discrimination, disability.

INTRODUCCIÓN

La Constitución ecuatoriana reconoce un Estado intercultural, plurinacional y laico que protege los derechos de pueblos y nacionalidades indígenas. Aunque existen avances legales, persisten desigualdades en educación, salud y empleo, agravadas por discriminación estructural (Redrobán, 2021). Las personas con discapacidad dentro de estos colectivos enfrentan doble vulnerabilidad: barreras por discapacidad y discriminación histórica. Esto contraviene normas internacionales como la Declaración de la ONU sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas (2007) y la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (2006), que prohíben cualquier tipo de discriminación.

El marco legal internacional ratificado por Ecuador exige medidas concretas para garantizar accesibilidad, igualdad sustantiva y no discriminación, especialmente para personas con discapacidad indígena. Sin embargo, las brechas sociales y la falta de políticas públicas efectivas perpetúan la exclusión y dificultan el goce pleno de derechos. Es necesario fortalecer las respuestas estatales y revisar la calidad de las políticas públicas para asegurar igualdad, acceso a la justicia y respeto a la identidad cultural, conforme a los estándares nacionales e internacionales (Zambrano et al., 2024).

La Comunidad Indígena ante el Sistema Internacional de Derechos Humanos

La dignidad humana es esencial y exige respeto para toda persona, sin importar su condición. La sociedad y el Estado tienen la obligación de promover la inclusión y aceptación de cada individuo. En Ecuador, la Constitución garantiza los derechos de las personas con discapacidad, prohibiendo condiciones adicionales para su
ejercicio (art. 47). Promover dignidad e inclusión mejora participación y bienestar (Ruhl, 2024).

Los tratados internacionales en derechos humanos exigen respeto integral a todas las identidades, humanizando la aceptación y reconocimiento de cada pueblo y nacionalidad. Los derechos humanos protegen la dignidad y promueven políticas públicas inclusivas (Defensoría del Pueblo del Ecuador, 2023).

Estas normas internacionales buscan evitar la discriminación y asegurar que el Estado adopte medidas adecuadas para proteger los derechos de grupos vulnerables, incluyendo ajustes razonables para personas con discapacidad (Lasso & Folleco, 2022).

Kofi Annan, en el Día Internacional de las Personas con Discapacidad (2002), destacó la importancia de la accesibilidad a servicios básicos, ya que su ausencia genera exclusión y discriminación. El acceso igualitario a educación, empleo y participación comunitaria es fundamental.

La accesibilidad garantiza igualdad de oportunidades y el pleno ejercicio de derechos civiles, sociales, políticos y culturales. Aunque Madariaga (2008) señala avances, muchas personas con discapacidad todavía enfrentan barreras para acceder a educación, trabajo y salud, persistiendo la discriminación, especialmente hacia la comunidad sorda.

Pueblos y Nacionalidades Indígenas en Ecuador

La comunidad indígena de Ecuador es reconocida por su patrimonio cultural, sustentado en tradiciones y conocimientos ancestrales. La Constitución (2008) garantiza sus derechos como parte de un Estado plurinacional e intercultural, y el Artículo 57 protege la autonomía y participación de nacionalidades como Awá, Chachi, Tsáchila, Shuar, Kichwa y otras. Leyes como la LOEI (2024) y la LOES (2010) fomentan la educación intercultural bilingüe; sin embargo, persisten la marginación y discriminación, lo que limita el acceso pleno a los derechos.

El reconocimiento constitucional, especialmente en el Artículo 57, respalda integralmente a los pueblos indígenas junto a instrumentos internacionales de derechos humanos. La sociedad busca revalorizar todas las perspectivas culturales para aumentar la equidad y la inclusión.

La interculturalidad debe asegurar la diversidad y eliminar prácticas discriminatorias, particularmente hacia personas con discapacidad. Es esencial comprenderla correctamente para fomentar respeto e inclusión en todos los ámbitos. En este contexto, atender la discapacidad dentro de comunidades indígenas exige políticas públicas que garanticen protección prioritaria en educación y plena participación social, ya que la exclusión afecta el desarrollo de estos grupos.

Brechas en la protección de las personas con discapacidad en comunidades indígenas y pueblos del Ecuador

La Constitución de Ecuador reconoce atención prioritaria para grupos vulnerables como adultas mayores, niños, embarazadas, personas con discapacidad o privadas de libertad, víctimas de violencia y quienes enfrentan desastres. El Estado debe asegurar protección especial a quienes sufren doble vulnerabilidad, garantizando sus derechos y acceso equitativo a servicios.

La discapacidad se define como limitaciones físicas, psicológicas o funcionales que afectan el desarrollo individual y social. Entre pueblos y nacionalidades indígenas con discapacidad, es fundamental promover inclusión y respeto a sus derechos. La Ley Orgánica y documentos de CONADIS clasifican la discapacidad en varias categorías y grados, pero la discriminación persiste, sobre todo en educación y empleo, agravada por factores de género e identidad indígena.

A pesar del marco constitucional de igualdad y trato digno, las vulneraciones a comunidades indígenas con discapacidad continúan, representando una violación de sus derechos fundamentales. La Constitución garantiza la integridad personal y la vida libre de violencia, especialmente para grupos vulnerables. Los tratados internacionales respaldan estos principios y buscan asegurar igualdad, inclusión y respeto a la cosmovisión ancestral.

A fin de situar el estudio, se establece como objetivo general analizar, mediante un enfoque jurídico-comparado y socio-institucional, la eficacia normativa y la justiciabilidad de las garantías constitucionales e internacionales que protegen a las personas con discapacidad pertenecientes a pueblos y nacionalidades indígenas en el Ecuador, evaluando su grado de implementación frente a la discriminación estructural.

En coherencia, se plantean como objetivos específicos sistematizar críticamente el marco normativo nacional y los principales instrumentos internacionales aplicables precisando las obligaciones estatales de accesibilidad, ajustes razonables e igualdad sustantiva y examinar los precedentes jurisprudenciales Guachalá, Sarayaku y Sinangoe para delimitar estándares de protección, identificar brechas de exigibilidad y derivar orientaciones de política pública y acción comunitaria culturalmente pertinentes.

METODOLOGÍA

El estudio adopta un diseño cualitativo de tipo documental y jurídico-comparado, orientado a identificar, describir y valorar las garantías de las personas con discapacidad en pueblos y nacionalidades indígenas. Se efectuó una revisión sistemática de fuentes normativas y literatura científico-técnica. La selección siguió criterios de pertinencia temática (intersección discapacidad–interculturalidad), vigencia normativa, validez metodológica y autoridad de la fuente; se excluyeron documentos duplicados o carentes de soporte empírico/doctrinario suficiente.

De forma complementaria, se realizó análisis jurisprudencial de tres precedentes emblemáticos (Guachalá, Sarayaku y Sinangoe) y un análisis de barreras con base en reportes oficiales (UNFPA/FLACSO), organizando los hallazgos en una figura de priorización y un cuadro comparativo que integran derechos reconocidos, factores de discriminación, referentes jurisprudenciales y retos. La triangulación normativa-jurisprudencial-empírica permitió contrastar el deber ser del ordenamiento con la realidad observada, identificar brechas de justiciabilidad e implementación y derivar recomendaciones operativas para políticas públicas y acción comunitaria culturalmente pertinentes.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

Este apartado presenta un análisis detallado y contextualizado de los principales hallazgos sobre la realidad que enfrentan las personas con discapacidad pertenecientes a pueblos y nacionalidades indígenas en el Ecuador. Partiendo de la premisa de que la intersección entre discapacidad e identidad étnica genera retos y vulneraciones específicas, se profundiza en la manera en que factores estructurales y culturales inciden en el acceso efectivo a derechos y servicios esenciales.

Los resultados expuestos aquí se derivan de un proceso riguroso de revisión normativa, jurisprudencial y empírica, así como del estudio de barreras identificadas en informes recientes. Se exploran no solo las limitaciones que persisten a pesar de
los compromisos constitucionales y tratados internacionales, sino también los aspectos que requieren transformaciones profundas en materia de políticas públicas y acción comunitaria.

Esta sección busca visibilizar cómo la discriminación estructural impacta de manera diferenciada a las personas con discapacidad en contextos indígenas, resaltando la necesidad de respuestas culturalmente pertinentes y de enfoques interseccionales. Se da especial énfasis a los obstáculos que afectan de manera directa tanto el desarrollo individual como el colectivo, y se priorizan aquellos cuellos de botella que impiden la inclusión real y el ejercicio pleno de derechos.

En la figura 1 se sintetizan, de acuerdo con el informe "Análisis de la situación de los derechos de las personas con discapacidad en Ecuador" (UNFPA/FLACSO, 2023), las cinco barreras más críticas que experimentan estos grupos: acceso a servicios esenciales, subregistro, insuficiencia de apoyos estatales, limitaciones presupuestarias y baja calidad de ayudas técnicas. Este análisis pretende orientar la toma de decisiones hacia reformas y acciones que respondan a las particularidades culturales y estructurales de los pueblos y nacionalidades indígenas.

Figura 1

Barreras de acceso a servicios para personas con discapacidad

Fuente: UNFPA/ Análisis de la situación de los derechos de las personas con discapacidad en Ecuador (UNFPA/FLACSO, 2023)

El marco constitucional y el sistema internacional de derechos humanos no solo amparan la integridad de las personas, sino que exigen una equidad efectiva en el ejercicio de los derechos. En el caso de los pueblos y nacionalidades indígenas, reconocidos como sujetos colectivos de derecho, las garantías se articulan en dos niveles: protección individual y protección colectiva, que incluyen, entre otras, la preservación de sus formas de vida, la autodeterminación, la titularidad sobre tierras y recursos, y la consulta previa, libre e informada.

Con el objetivo de profundizar en el análisis de las garantías de las personas con discapacidad dentro de los pueblos y nacionalidades indígenas del Ecuador, se han reorganizado los hallazgos en dos tablas temáticas que permiten visualizar con mayor precisión el alcance de la investigación. Esta estructuración responde a la necesidad de distinguir entre los niveles de vulneración de derechos tanto colectivos como individuales y las respuestas institucionales, normativas y jurisprudenciales que configuran el escenario actual.

La Tabla 1 presenta una lectura comparativa entre los derechos reconocidos y las barreras estructurales que enfrentan las personas con discapacidad en contextos indígenas, diferenciando entre dimensiones colectivas e individuales. Esta distinción permite evidenciar cómo la intersección entre discapacidad e identidad étnica genera formas específicas de exclusión que no son abordadas adecuadamente por las políticas públicas.

Tabla 1

Derechos Colectivos e Individuales vs. Barreras de Discriminación

Dimensión Derechos Barreras Observaciones
Reconocidos Identificadas Críticas

Colectiva

Individual

Fuente: UNFPA (2023)

Por su parte, la Tabla 2 recoge casos emblemáticos de jurisprudencia nacional e internacional que han sentado precedentes relevantes en materia de derechos, accesibilidad y consulta previa. Se incluyen también recomendaciones operativas que emergen del análisis doctrinario y normativo, orientadas a fortalecer la exigibilidad de derechos desde un enfoque intercultural, interseccional y de justicia social.

Tabla 2

Jurisprudencia Emblemática y Recomendaciones Operativas

Caso Derechos Decisión Implicaciones para
Referencial Vulnerados Judicial Políticas Públicas

Guachalá (2021)

Sarayaku (2012))

Sinangoe (2022)

Recomendaciones

Fuente: UNFPA (2023)

Brechas en el acceso a servicios, educación, participación social y empleo en Ecuador por grupos social

La tabla 3 evidencia las profundas desigualdades estructurales que persisten en el acceso a servicios de salud, educación, participación social y empleo entre distintos grupos sociales en Ecuador, con especial énfasis en personas con discapacidad y pueblos indígenas. Estas diferencias no solo impactan el ejercicio pleno de los derechos humanos y sociales, sino que también revelan la necesidad de fortalecer las políticas públicas y acciones de jurisprudencia orientadas a la igualdad de oportunidades.

El primer conjunto de datos muestra que la población general mantiene niveles relativamente altos de acceso en todas las áreas evaluadas. Sin embargo, los grupos históricamente vulnerables enfrentan desventajas significativas:

Personas con discapacidad: El acceso a la educación (60%) y al empleo formal (34,5%) es considerablemente más bajo que el de la población general, lo que evidencia la urgencia de políticas inclusivas en el ámbito educativo y laboral. Además, el nivel de participación social (50%) refleja barreras persistentes en la integración a espacios de decisión comunitaria y social.

Pueblos indígenas: Aunque presentan un acceso ligeramente superior al de las personas con discapacidad, sus niveles siguen siendo notoriamente inferiores frente a la población general, lo que se vincula a limitaciones geográficas, obstáculos estructurales y brechas en educación y participación social.

Tabla 3

Acceso a servicios y derechos por participación social

Grupo Acceso a Acceso a Participación Acceso a
Social Servicios de Educación Social Empleo
Salud (%) (%) (%) (%)

Población General 85 90 75 70

Personas 65 60 50 34,5
con Discapacidad

Pueblos Indígenas 60 55 45 40

Fuente: Fundación Rett (2025), CONADIS (2024), INEC (2022) y
UNFPA Ecuador (2025)

Enfoque de género en el acceso a servicios

La tabla 4 permite visualizar con mayor claridad las desigualdades de género en los mismos ámbitos, resaltando que las mujeres, tanto con discapacidad como pertenecientes a pueblos indígenas, enfrentan barreras adicionales respecto a los hombres. Esta doble vulnerabilidad agrava las desigualdades sociales existentes y demanda respuestas específicas en la formulación de políticas públicas y jurisprudencia.

Tabla 4

Enfoque de Genero en el acceso de servicios

Acceso a Acceso a Participación Acceso a
Grupo Género Servicios de Educación Social Empleo
Social Salud (%) (%) (%) (%)

Población Hombre 87 91 78 72 General

Población Mujer 883 89 72 68 General

Personas con Hombre 67 62 52 38 Discapacidad

Personas con Mujer 63 58 48 31 Discapacidad

Pueblos Hombre 62 57 47 42 Indígenas

Pueblos Mujer 58 53 43 38 Indígenas

Fuente: Fundación Rett (2025), CONADIS (2024), INEC (2022) y
UNFPA Ecuador (2025)

Las mujeres, especialmente aquellas con discapacidad o pertenecientes a pueblos indígenas, enfrentan barreras significativas en el acceso a servicios de salud, educación, empleo formal y participación social, evidenciando una doble vulnerabilidad marcada por roles de cuidado, discriminación estructural y ausencia de servicios adaptados a sus necesidades. Estas desigualdades se manifiestan en un menor acceso a la salud respecto a los hombres en todos los grupos sociales, brechas educativas que limitan su inclusión laboral y social futura, baja representación en espacios de decisión y participación comunitaria, y los niveles más bajos de empleo formal. Este panorama subraya la urgencia de implementar políticas públicas y medidas jurídicas inclusivas que garanticen la igualdad sustantiva, promuevan la participación política y social femenina y aseguren la adaptación de servicios a las realidades culturales y necesidades específicas de este grupo poblacional.

CONCLUSIONES

Los resultados de este estudio evidencian la existencia de una brecha persistente entre el sólido marco normativo, tanto a nivel constitucional como internacional, y la implementación efectiva de los derechos de las personas con discapacidad pertenecientes a pueblos y nacionalidades indígenas. La exclusión de estos grupos no responde a un solo factor, sino a la confluencia de múltiples obstáculos estructurales, entre los que destacan el acceso limitado a servicios, especialmente en salud sexual y reproductiva (SSR) y violencia basada en género (VBG) en áreas rurales, el alto subregistro (57,75 %), la insuficiencia de apoyos estatales —que trasladan la carga del cuidado mayoritariamente a las mujeres—, retrasos presupuestarios para la desinstitucionalización y la baja calidad de las ayudas técnicas.

El subregistro y la falta de servicios inclusivos en zonas rurales dificultan la identificación y atención de las necesidades de la población. Esta situación se agrava por la baja calidad de las ayudas técnicas, la escasez de recursos para la desinstitucionalización y la sobrecarga de cuidados familiares, que recae principalmente en mujeres. Los datos desagregados muestran que el acceso a educación, salud, empleo y participación social es considerablemente menor en estos grupos: mientras la población general tiene un 90 % de acceso educativo, las personas con discapacidad solo alcanzan el 60 %, y las mujeres indígenas con discapacidad apenas el 53 %. Esta doble discriminación, por discapacidad y etnicidad, se intensifica al incorporar la variable de género, generando exclusiones acumulativas.

Este escenario pone en entredicho la promesa de igualdad sustantiva y obliga a replantear la implementación de derechos como un reto institucional, de financiamiento y de pertinencia cultural, más allá de la mera proclamación normativa. Desde una perspectiva jurídico-constitucional, es fundamental conjugar obligaciones de no discriminación y ajustes razonables de cumplimiento inmediato con deberes de desarrollo progresivo en recursos y cobertura. Sin estrategias adecuadas de registro intercultural, interoperabilidad de bases de datos y protocolos culturalmente pertinentes, las necesidades de estas poblaciones quedan invisibilizadas, los presupuestos subestimados y la exigibilidad de derechos debilitada.

En el ámbito jurisprudencial, los casos Guachalá, Sarayaku y Sinangoe ofrecen lineamientos claros: Guachalá enfatiza la obligación reforzada de prevenir tratos discriminatorios y garantizar servicios de salud mental accesibles, Sarayaku y Sinangoe consolidan el estándar de consulta previa, libre e informada, que exige formatos accesibles y participación efectiva. Estas decisiones demuestran que los derechos colectivos (autodeterminación, territorio, cultura) y los individuales (accesibilidad, ajustes razonables) no se oponen, sino que se potencian mutuamente cuando la consulta previa incorpora accesibilidad y los servicios públicos se diseñan en diálogo con las autoridades indígenas.

En educación, persisten obstáculos como la insuficiente formación docente en Diseño Universal para el Aprendizaje, la carencia de tecnologías de apoyo en zonas rurales y la debilidad de las rutas de atención. Es necesario avanzar hacia un sistema integral con currículo accesible, ayudas técnicas permanentes, apoyos especializados y financiamiento seguro, lo que permitirá reducir la carga que hoy asumen las familias, en especial las mujeres.

En salud, particularmente en SSR y VBG, la accesibilidad requiere abordarse en cuatro dimensiones: geográfica, económica, comunicacional y cultural. Sin la integración de estas capas, las normas de igualdad quedan sin efecto en la experiencia cotidiana, perpetuando la exclusión. Para lograr políticas inclusivas, es imprescindible establecer canales permanentes de trabajo con las estructuras organizativas indígenas y transformar la consulta y participación de eventos aislados a procesos continuos y consensuados, con indicadores y datos desagregados por etnia, sexo, territorio y tipo de discapacidad.

La discriminación interseccional obliga a respuestas específicas: rutas expeditas para casos de VBG con intérpretes y acompañamiento comunitario, priorización presupuestaria para ayudas técnicas adaptadas a contextos rurales y apoyos educativos con enfoque territorial. Además, la consulta previa debe garantizar que mujeres y personas con discapacidad no sean subsumidas en representaciones tradicionales que perpetúan exclusiones internas.

La clave no reside en debatir el reconocimiento de derechos, sino en demostrar su exigibilidad y medición en la vida cotidiana. La convergencia entre estándares jurisprudenciales, obligaciones de accesibilidad, ajustes razonables y una gobernanza intercultural con financiamiento sostenido marca la ruta para eliminar barreras en el acceso, mejorar el registro y fortalecer los apoyos comunitarios. Así, la plurinacionalidad y la interculturalidad dejarán de ser conceptos declarativos y se convertirán en condiciones materiales de igualdad sustantiva y buen vivir para las personas con discapacidad en pueblos y nacionalidades indígenas.

Persisten barreras geográficas, económicas, comunicacionales y culturales que limitan el acceso a educación (incluida SSR/VBG), salud, empleo, microempresa y participación comunitaria, restringiendo la incidencia y el liderazgo de los pueblos y nacionalidades indígenas. Las fallas en la implementación estatal, tanto en obligaciones de cumplimiento inmediato como progresivo, exigen mecanismos rigurosos de exigibilidad y rendición de cuentas. La intersección de identidad indígena, discapacidad y género genera riesgos acumulativos que requieren respuestas diferenciadas, medidas afirmativas y producción de datos desagregados para su adecuada visibilización y priorización.

Finalmente, la sensibilización debe institucionalizarse mediante formación anti-estigma, capacitación en Diseño Universal para el Aprendizaje, provisión de dispositivos de accesibilidad, fortalecimiento de redes de apoyo comunitario y avance en la desinstitucionalización con enfoque de derechos, todo ello bajo indicadores verificables de seguimiento y evaluación.

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- Autodeterminación

- Cultura e idioma

- Territorio ancestral

- Consulta previa,
libre e informada

- Concesiones sin consulta

- Invisibilización de saberes ancestrales

- Falta de
participación incidente

Derechos reconocidos formalmente, pero vulnerados en contextos de discapacidad

- Educación inclusiva

- Salud accesible

- Trabajo digno

- Acceso a justicia

Salud mental, protección judicial, no discriminación

Consulta previa, derechos culturales y territoriales

- Subregistro (57,75%)

- Servicios excluyentes en zonas rurales

- Carga de cuidados sobre mujeres

Condena al Estado por desaparición de joven con discapacidad psicosocial

Corte IDH reconoce violación por actividades petroleras sin consulta

La doble vulnerabilidad (discapacidad + identidad indígena) agrava la exclusión

Urge accesibilidad en salud mental, control judicial efectivo, enfoque interseccional

Fortalece el estándar de consulta previa con pertinencia cultural y accesibilidad

Derecho al territorio, participación

Accesibilidad, ajustes razonables, participación comunitaria

Corte Constitucional anula concesiones mineras sin consulta

—

Refuerza el derecho a decidir sobre territorio ancestral y medio ambiente

Diseñar políticas con enfoque intercultural, indicadores verificables y participación incidente