«UNA ‘ISLA DE PAZ’ INEXISTENTE»
CRECIMIENTO DE LA VIOLENCIA Y EL NARCOTRÁFICO DURANTE LOS ÚLTIMOS AÑOS EN EL ECUADOR. UN ANÁLISIS DESDE LA ECONOMÍA POLÍTICA DEL FENÓMENO
«AN INEXISTENT ‘ISLAND OF PEACE’»
GROWTH OF VIOLENCE AND DRUG TRAFFIC DURING RECENT YEARS IN ECUADOR. AN ANALYSIS FROM THE POLITICAL ECONOMY OF THE PHENOMENON
Andrés Madrid Tamayo
https://orcid.org/ 0009-0002-7825-2200
Universidad Intercultural de las Nacionalidades y Pueblos Indígenas Amawtay Wasi.
Docente de la carrera Turismo Rural, Sostenible e Intercultural.
Quito, Ecuador.
URL: https://editorial.uaw.edu.ec/una-isla-de-paz-inexistente/
Recibido: 01/07/2024 Aceptado: 07/08/2024
Resumen
Este artículo explora desde la economía política la proliferación del narcotráfico en el Ecuador en el período actual. Se conceptúa el narcotráfico como una manifestación agresiva de la degradación del capitalismo neoliberal cuyos verdaderos responsables se encuentran entre las filas de las élites. Utiliza las categorías de narcoburguesía y narcocapitalismo como orientador para rebasar la supuesta responsabilidad de los sectores populares en esta industria. Para sorpresa de nadie, la «guerra contra el narco» encubre un conjunto de medidas regresivas en materia de derechos para las mayorías. Se concluye estableciendo posibles escenarios de acción gubernamental, así como de las organizaciones populares en el anhelo de conservar niveles de autonomía política en una agenda alternativa que cuestione este fenómeno.
Palabras clave: Economía política, narcotráfico, narcoburguesía, Ecuador, pobreza.
Abstrac
This paper explores the proliferation of drug trafficking during the current period from political economy in Ecuador. It is conceptualized as an aggressive manifestation of the degradation of neoliberal capitalism whose true culprits are among the ranks of the elites. It uses the categories of narcobourgeoisie and narcocapitalism as a guide to go beyond the supposed responsibility of the popular sectors in this industry. To no one's surprise, the "war on drugs" conceals a set of regressive measures in terms of rights for the majority of the Ecuadorian population. The article concludes by establishing possible scenarios for government action, as well as popular organizations in the desire to preserve levels of political autonomy in an alternative agenda that questions and face this adverse phenomenon.
Introducción
El presente artículo aborda la ola de violencia del crimen organizado que ha copado la opinión pública en el Ecuador. Desde el campo de la economía política utiliza un enfoque analítico-cualitativo y revisa diversas fuentes: hemerográfica, revistas, declaraciones, entrevistas e investigaciones en torno a distintos tópicos desprendidos del fenómeno del narcotráfico (violencia, homicidios, acumulación originaria, corrupción, entre otros). Aquellos hechos no se comprenden si no se atiende a problemas estructurales. La coyuntura ecuatoriana de los últimos años es compleja: el incremento de la pobreza, las nuevas rutas de la droga a nivel mundial y la emergencia de una narcoburguesía local se abren paso en el contexto de una crisis global del capitalismo, con énfasis en su versión neoliberal, trayendo como consecuencia la descomposición y la ruptura del pacto social entre las clases, los pueblos y los bloques hegemónicos.
En este escenario, el gobierno de derecha de Daniel Noboa (2023-2025) decidió «enfrentar» la oleada narcodelictiva que ahoga al Ecuador a través de la declaratoria de un «conflicto armado interno» (BBC, 2024a). En otras palabras, una guerra contra los pobres financiada a la fuerza por el propio pueblo, que ha sido apoyada por la clase media y ciertos sectores subalternos atrapados por el discurso securitista del gobierno. La premisa que ordena su accionar pareciera ser que «la violencia se soluciona con más violencia», lo que evidencia la búsqueda por parte de las élites del disciplinamiento de la sociedad a través del castigo y el miedo silencioso a la muerte. O en el sentido de Michel Foucault,
hacer del castigo y de la represión de los ilegalismos una función regular, coextensiva a la sociedad; no castigar menos, sino castigar mejor; castigar con una severidad atenuada quizá, pero para castigar con más universalidad y necesidad; introducir el poder de castigar más profundamente en el cuerpo social (Foucault 2002, p. 50).
La experiencia mundial de más de medio siglo de guerra contra las drogas se ha probado como un rotundo fracaso (Bedoya 2016, p. 240): la industria psicotrópica creció, y también lo hicieron la población consumidora, la fragmentación social y el blanqueo de capitales (OECO y PADF 2023, p. 5). Colombia, México y Perú son ejemplos notables del naufragio de esta estrategia impulsada por el otrora principal consumidor de cocaína del mundo entero, Estados Unidos, que ahora ocupa el tercer lugar, detrás de Australia y Reino Unido (UNODC 2023).
Pero el trasfondo real de la declaratoria belicista del ejecutivo y el proyecto represivo ampliado no se origina en el contexto de desborde de la narcoeconomía en Ecuador del último período o por la ‘toma inesperada’ —y mundialmente difundida— del canal TC Televisión[1]. Este experimento tiene propósitos que rebasan la situación coyuntural, siendo, una estrategia de carácter multidimensional. Las élites económicas, sobre todo durante las administraciones de Correa, Moreno y Lasso, fabricaron a fuego lento —particularmente luego de las rebeliones plurinacionales de octubre de 2019 y junio de 2022— una trama que busca aniquilar al «único actor de oposición de izquierda» con capacidad de movilización social real: el Movimiento Indígena Ecuatoriano (Zibechi, 2024).
1. Cocaína, geopolítica y espectáculo
En el sentido de Guy Debord, en este período la violencia en la realidad ecuatoriana se ha convertido en un espectáculo cotidiano, mas, en el fondo del problema, la cocaína no deja de circular por los puertos principales. ¿Por qué? La respuesta es sencilla (y hasta cierto punto obvia): las élites económicas exportadoras siguen beneficiándose, por lo que el dinero continúa lavándose. El problema no es solamente «Fito» —uno de los narcos locales más relevantes— sino la participación, desde hace varios años atrás, de ciertos sectores de la burguesía en el negocio de la droga.
Para muestra, vale observar las investigaciones periodísticas que señalan cómo las flotas navieras de la familia del presidente Noboa exportan banano y cocaína hacia Europa (AP News 2023; Voz de América 2023). ¿Cómo pueden blanquearse miles de millones de dólares, si no es a través del sistema financiero y de la economía real (inmobiliaria, agroindustrial, minera, comercial)? En definitiva, las facciones que viven en Samborondón o Cumbayá (zonas exclusivas de Guayaquil y Quito) se vuelven cada vez más poderosas, alimentando «la inserción estratégica del Ecuador en la cadena de valor del narcotráfico» (Rivera-Rhon y Bravo-Grijalva 2020), en contubernio con las bandas locales y carteles transnacionales como el de Sinaloa, Jalisco Nueva Generación, Mafia Albanesa, entre otros (OECO y PADF 2023, pp. 7-8).
La declaratoria del «conflicto armado interno» por parte del gobierno de Noboa a inicios de 2024, ha esquivado el problema central: «la economía política del narcotráfico» (Bagley, Bonilla y Páez 1991). Espacio donde la burguesía de la droga o narcoburguesía juega un papel fundamental. Sin atacar la raíz del problema, aquella declaración rimbombante se traduce, en la práctica, como una guerra contra los pobres, no contra el narcotráfico. Con ciertas excepciones, nadie en todo Ecuador ha visto nunca que algún miembro de la burguesía narcotraficante de las ciudades ricas sea apresado o maltratado. Sin embargo, la militarización y humillación de los sectores populares es moneda corriente, como recoge Human Rights Watch (2024) en una carta enviada el presidente Noboa, en el apartado sobre Detenciones arbitrarias y abusivas, en la que adjunta evidencias de violaciones de derechos humanos,
Human Rights Watch recibió testimonios de personas que afirman que familiares y vecinos fueron detenidos simplemente porque pasaban por una zona en la que las fuerzas de seguridad estaban deteniendo a otra persona o en la que las fuerzas de seguridad estaban llevando a cabo un allanamiento. Según organizaciones de derechos humanos y abogados, estas detenciones han afectado especialmente a hombres jóvenes de barrios pobres (Human Rights Watch 2024, p. 4)
En esta tragedia, los jóvenes pobres y racializados —en gran cantidad afroecuatorianos—, de los barrios marginales de las ciudades con una diferenciación entre ricos y pobres grotesca (particularmente de la Costa ecuatoriana como Guayaquil, Durán, Portoviejo, Santo Domingo, Esmeraldas, Machala, Quevedo, Babahoyo, entre otras) han sido los principales perjudicados. Para muestra un botón: «En los primeros 10 días del año [2023], hubo 162 muertes violentas en Ecuador. El 80% se registró en cinco provincias de la Costa» (Primicias 2023a).
Esto, a la par de la reacción racista de las élites, que se exacerbó después de las rebeliones de octubre de 2019 y junio de 2022. La dicotomía vulgar entre ‘malos’ y ‘buenos’ se intensifica a cada paso: los primeros, vistos como ‘terroristas’, son los pobres, las personas negras, cholas, montubias, indias, delincuentes, trabajadores precarizados, hombres jóvenes, las mujeres humildes y el pueblo organizado en general; en definitiva, la subalternidad. Los segundos, el poder-realmente- existente (Iza, Tapia y Madrid 2021), que aprovecha la idea de la «unidad nacional», la «lucha contra la delincuencia» o «los resultados exitosos» para mimetizar sus intereses.
Para los subalternos solo hay humillación pública, maltratos, golpes, torturas, vejación y muerte (esta última, a menudo expresada con el macabro eufemismo de «dar de baja»); todo ello trasmitido meticulosamente a través de las corporaciones de comunicación. En contraste, el poder-realmente-existente ataca con violencia a una de las partes de la cadena económica del narcotráfico, aquella que actúa entre los sectores pobres, e invisibiliza la otra parte de la narcoeconomía —la principal—, que funge como lumpen-burguesía (Gunder Frank 1973, p. 25) y que conduce la mayor parte del mercado de la droga.
Esta operación hace del pobre un equivalente de «delincuente» o «terrorista» y, en el camino, procura dinamitar el concepto de derechos humanos en la opinión pública. Loïc Wacquant lo explica de la siguiente manera:
[…] la retórica militar de la «guerra» al crimen y de la «reconquista» del espacio público, que asimila a los delincuentes (reales o imaginarios), los sin techo, los mendigos y otros marginales a invasores extranjeros —lo cual facilita la amalgama con la inmigración, que siempre da réditos electorales—; en otras palabras, a elementos alógenos que es imperativo evacuar del cuerpo social (Wacquant 2000, p. 32).
Se pasa intencionalmente por alto el hecho de que los sectores populares son víctimas de la violencia del narcotráfico —y no su causa—, y el pueblo queda atrapado en el fuego cruzado de la narcoburguesía, que enfrenta a las bandas entre sí y a estas con el gobierno (en donde también tienen presencia las bandas). Incluso, el embajador de Estados Unidos en Ecuador Michael Fitzpatrick informó que en Ecuador hay «narcogenerales», a quienes su país retiró las visas, además, de señalar que se encontraba muy preocupado «por la penetración del narcotráfico en Ecuador» (CNN 2021).
Este escenario evidencia parcialmente un doble triunfo del poder-realmente-existente. Por una parte, le permite disciplinar a la sociedad a través del temor y del relato oficial unipolar respecto a la situación del país. El Estado intenta ganar legitimidad como actor político y justifica las reformas antipopulares (subida el IVA, eliminación de los subsidios a los combustibles), normaliza entre la población el uso de la violencia contra el llamado «terrorismo», situación que encuentra eco entre unos atemorizados sectores subalternos que son arrastrados cada vez más al pantano de la violencia y la narcoeconomía.
Cualquier otra posición por fuera de este esquema tiende a considerarse aliada del narcotráfico, lo que facilita la implementación del paquete neoliberal porque no encuentra oposición en la sociedad aterrorizada (y, si la encuentra, la elimina mediante la violencia de guerra). Así, la implementación de los compromisos neoliberales, por ejemplo, acompañan la firma de acuerdos mineros y la aplicación de consultas: popular, ambiental o la consulta, previa, libre e informada. A estas se acompañan de una fuerte presencia de policías y militares. Tenemos así, como ejemplo reciente, el caso de Palo Quemado y Las Pampas en la provincia de Cotopaxi, en donde más de 150 comuneros fueron acusados, y la Fiscalía ha iniciado un proceso de investigación por el presunto delito de terrorismo.
Palo Quemado y Las Pampas son dos parroquias ubicadas en el cantón Sigchos, al norte de la provincia de Cotopaxi, donde la empresa minera La Plata, subsidiaria de la minera canadiense Atico Mining pretende extraer oro, cobre, plata y zinc. Casi el 10% del territorio de ambas parroquias, 2.300 hectáreas, está concesionada a esta empresa. Comunidades indígenas y campesinas se oponen al proyecto y rechazan la consulta ambiental que el gobierno de Daniel Noboa busca realizar. En respuesta, el gobierno militarizó la zona, [150] comuneros fueron judicializados por el supuesto delito de «terrorismo», un comunero permanece en coma herido por perdigones (Wambra Medio Comunitario 2024).
Por otra parte, a través de la exportación de tecnología militar, se viabiliza la presencia militar estadounidense en Ecuador (CNN 2024a). Este objetivo, reimpulsado a partir de los estallidos sociales de 2019 y 2022, pretende imprimir un cariz anticomunista a la estrategia de estabilización de los gobiernos. Y permite entrever las bambalinas de toda la operación: la cuestión geopolítica y estratégica de fondo es el interés de Estados Unidos por ganar posiciones en el hemisferio sur, en medio de su disputa contra el eje Beijín-Moscú.
Otros aspectos inciden también en la configuración más reciente del caótico mapa del negocio del narcotráfico en el Ecuador. En primer lugar, cabe mencionar la ‘paz’ en Colombia, que desordenó la frontera norte al disminuir notablemente a una de las referencias ideológicas de la disputa (las antiguas FARC-EP, ahora disidencias atomizadas débiles), con lo que brotaron múltiples bandas narco-paramilitares. En segundo lugar, operó el asesinato de «Rasquiña» (icónico líder de Los Choneros) en diciembre de 2020, que fragmentó el mapa de las bandas en múltiples grupos (Tiguerones, Chonekillers, Los Pipos, etc.) abriendo una disputa por el territorio contra grupos de otro origen (como Los Lobos), que cuadriplicó la tasa de homicidios entre 2016-2022 y en el 2023 supuso más de 7 500 muertes violentas, según la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito y el Observatorio Ecuatoriano del Crimen Organizado (BBC 2024b; OECO 2024).
La llegada de cárteles mexicanos para ampliar el mercado de exportación de cocaína a Europa —dado que resulta más conveniente transportarla desde el Ecuador dolarizado que desde Perú o Colombia— constituye un tercer factor. La irrupción del mercado de las drogas sintéticas, como el fentanilo, reconfiguró la geografía de las drogas, convirtiéndose en uno de los detonantes de la escalada de violencia en el Ecuador. Como afirma el gobierno colombiano (Swissinfo 2023), el crecimiento del consumo de esta droga en Estados Unidos disminuyó la demanda de cocaína, fortaleciéndose otros mercados de la coca en Europa, Asia y Oceanía.
Además, a la tradicional ruta de la costa pacífica se sumó ahora la de la cuenca amazónica con dirección al Atlántico y el Pacífico Sur. Con esto se produjo un importante cambio en el epicentro de producción de la cocaína: históricamente ubicado en litoral del Pacífico colombiano, se trasladó al margen noreste de Ecuador y sudeste de Colombia (provincia de Sucumbíos fronteriza con el departamento de Putumayo, respectivamente), región que actualmente constituye uno de los principales centros de producción y comercio de cocaína en el mundo. Con este traslado arribaron al Ecuador también la transmisión del know-how del negocio del narcotráfico, la pedagogía del terror y el entrenamiento en la violencia profesional, como las escuelas de sicarios de la Mafia Albanesa (El Universo, 2022).
Por supuesto, un último factor a considerar es la pobreza desesperante que aqueja a los barrios de la Costa ecuatoriana y la ruralidad (Primicias, 2023b), la brutalidad de las desigualdades obliga a los jóvenes a enlistarse en las bandas narcodelictivas (El Comercio, 2024). Ante la casi total ausencia de oportunidades en el marco de la legalidad, las bandas aparecen como la única opción viable, ya que al menos les ofrecen un salario mínimo —que en algunos casos bordea los USD 4 000 trimestral junto a otros beneficios ‘laborables’ (Infobae 2024)— y alguna expectativa de vida (aunque sea efímera, es mejor que nada).
2. Narcoburguesía
Como en cualquier otro campo de la economía capitalista, los grupos económicos invierten en determinadas ramas de la producción y en mercados rentables (independientemente de si son lícitos o inmorales), diversificando el rendimiento y, en este caso según el Observatorio Ecuatoriano de Crimen Organizado, blanqueando miles de millones de dólares producto de actividades criminales (Infobae 2023). El narco ha penetrado en la economía de un país dolarizado, situación que se refleja cabalmente en el sector de la minería.
Los datos de la presencia intensiva de la minería en zonas del Subtrópico sur del país advierten el nivel de inserción de una de las bandas locales (Los Lobos), aliada a una transnacional de la droga: el Cartel Jalisco Nueva Generación. Controlan directamente 20 concesiones mineras, mientras que en otras 30 ejercen su poder a través del cobro de «vacunas» (una extorsión a cambio de ‘seguridad’ en las zonas que operan las concesionarias). Solo en esta zona del país, Los Lobos «se articulan con al menos 40 mafias mineras locales», lo que representa 3,6 millones de dólares mensuales (Ojo Público 2024). Mientras en el norte de la Amazonía, el incremento de la violencia se debe a «la presencia de […] Los Choneros en la minería ilegal» (Plan, V 2024). Estos lavan sus recursos a través de la gestión inmobiliaria y la obra pública (Primicias, 2024), mientras la Mafia Albanesa lo hace a través del sistema financiero nacional: cooperativas y bancos.
Como ocurre en otros países de la región, como México, la declaratoria de «guerra contra el narcotráfico» por parte de los gobiernos supone la parcialización del conflicto con uno de los cárteles de narcotraficantes. Es decir, una alianza de «pacificación» que emplea al actor —o actores— narcodelictivo(s) dominante(s) para limitar o eliminar a otros cárteles, cuya relación con el poder-realmente-existente es menor.
En otros términos, los conflictos por el negocio del narcotráfico exhiben características de luchas interburguesas locales, regionales y mundiales. Se trata de una disputa entre empresas y transnacionales de la droga que tienen mayor o menor relación con el gobierno y el Estado. A modo ilustrativo, cabe señalar que Genaro García Luna, exsecretario de Seguridad e ideólogo de la «guerra contra las drogas» durante el gobierno de Felipe Calderón en México, trabajaba directamente para el Cartel de Sinaloa (El País, 2023). Dicha estrategia ha funcionado como un mecanismo de negocios y una forma de continuidad de la política de contrainsurgencia que, aplicado al caso ecuatoriano, se traduciría en radicalización del principio gubernamental de criminalización de la lucha social aplicado sistemáticamente durante los últimos períodos.
¿Por qué la persecución a Los Choneros y la Mafia Albanesa no tiene la misma intensidad que la desplegada contra Los Lobos y Los Tigüerones? ¿Los gobiernos han sido permisivos con las bandas narcodelictivas? Estas preguntas no son únicamente interrogantes fundamentales, sino que, al mismo tiempo, hipótesis comprobables. Véase, por ejemplo, el asesinato de Rubén Cherres, amigo íntimo de Danilo Carrera —cuñado del expresidente de la República Guillermo Lasso—, vinculado al narco, a la corrupción, al tráfico de influencias, y pieza clave en los intentos de juicio político contra el exmandatario (France, 24a 2023).
La puesta en escena de las masacres carcelarias de 2021, 2022 y 2023, la penetración del narco en el Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de la Libertad y a Adolescentes Infractores (SNAI), en los puertos, las aduanas y las fronteras, en definitiva, en el Estado, no solo son partes integrantes del negocio de los estupefacientes, sino también el ambiente perfecto para fortalecer una estrategia de desmovilización social. El argumento, esgrimido tanto por los expresidentes Lenin Moreno como por Lasso, de que las rebeliones de 2019 y 2022 fueron financiados por grupos ligados al tráfico de drogas son una clara señal en ese sentido (RT, 2022; El Comercio, 2022).
El ingreso del negocio de la droga a la política ecuatoriana es un fenómeno que puede registrarse al menos desde los últimos cinco gobiernos. Algunos balances advierten que su posible entrada ocurrió durante la administración de Lucio Gutiérrez (Martínez 2022, p. 44). Sin embargo, «la inserción del Ecuador en el crimen organizado transnacional es relativamente nueva» (OECO y PADF 2023, p. 6). La lumpenización que ello supone viene asociada principalmente a la degradación del capitalismo neoliberal que, profundizada en los últimos años, supuso un sistemático desmonte del Estado, recortes presupuestarios y pérdida de derechos adquiridos.
En ausencia de un proyecto común de clase, las élites se ciñeron en disputas que desfondaron la trama de la seguridad. Además, la pobreza fue en aumento. Todo ello generó un caldo de cultivo que estimuló el crecimiento de fenómenos asociados a la economía del narcotráfico. Analizando el problema a partir de la necesidad del capitalismo de codificar flujos desterritorializados (Deleuze, 2005, p. 21), el negocio del narcotráfico se articuló progresivamente con las necesidades del capitalismo ecuatoriano desde el punto de vista de la acumulación económica, la dominación del Estado y la construcción de consentimiento entre la población respecto de la estrategia represiva ampliada.
En esta vorágine, el gobierno de Noboa ha aprovechado la oportunidad para legitimarse en vistas a su intención de reelegirse en 2025, ya sea por medio de la victimización («la violencia del narco es herencia de gobiernos pasados»), sea ejecutando golpes de falsa bandera (como el simulacro de TC Televisión), a través de la profundización de la violencia (empleo de grupos rivales, terrorismo como recurso político, etcétera) o, de plano, planteando a contramano de las evidencias —y con admirable cinismo— «[que] en el nuevo Ecuador se resuelve y en solo seis meses [estamos bien]» (Daniel Noboa en: CNN 2024b).
Por otro lado, si bien es cierto que parte de las causas que dispararon el crecimiento del narcotráfico radican en la reducción del Estado —según el dogma del libre mercado—, se ha instalado en la sociedad ecuatoriana la idea de que este problema se resuelve construyendo un aparato centrado en la militarización interna y la represión. Esto dio pábulo al Gobierno para algunos escenarios y posibles maniobras futuras:
Uno, impulsar reformas al Código Integral Penal para endurecer las penas por terrorismo, recrudecer la represión al estilo Nayib Bukele y legitimar el estado de excepción, dispositivos que a su debido momento no discriminarán entre un luchador social y un lumpen.
Dos, movilizar desde la Asamblea —cuando se pueda— y el Ejecutivo —en particular vía acuerdos ministeriales— paquetes de reformas y acciones antipopulares: desregulación laboral, subida del IVA, TLC con China, eliminación de los subsidios, etc.
Tres, legitimar los acuerdos asumidos por el gobierno de Guillermo Lasso para la presencia de personal y contratistas militares estadounidenses en el Ecuador, con el telón de fondo del «Plan Ecuador» —versión criolla del Plan Colombia—, un eslabón más en el proyecto de militarización de la sociedad y pérdida de la soberanía.
Cuatro, dar rienda suelta a la minería a gran escala (proyectos Curipamba, Cascabel, La Plata, Warintza, entre otros), la reprimarización y la liberalización de la economía como mecanismos para la generación de beneficios de las burguesías locales, a partir de las necesidades del capitalismo de los países centrales.
Cinco, implementar cambios cosméticos en los procesos de investigación de la estructura de las fuerzas de seguridad permeadas por el narco, la función judicial, las aduanas, etc., con el objetivo de encubrir la ausencia de capturas significativas de líderes burgueses del negocio de la droga y las bandas delincuenciales locales (cuando mucho, algunas detenciones discrecionales a modo de «cortina de humo»).
Y, seis, fortalecer la supuesta diatriba correísmo/anticorreísmo y profundizar la criminalización de la dirigencia de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (CONAIE), así como a otras organizaciones populares y de izquierda revolucionaria, como un mecanismo de creación de «falsos positivos» (Papathanasiou 2024).
3. Posibles respuestas desde abajo
Dado este estado de cosas, es natural que el escenario ecuatoriano se presente como un maremágnum para las organizaciones populares. Pero en todo este panorama existen elementos que pueden orientar las agendas sociales. El primero, por supuesto, que la escalada del narcotráfico no ha sido generada desde los sectores populares. Los responsables se encuentran bien enquistados en torno a la burguesía de la droga.
La deuda que tiene la izquierda, que no advirtió a tiempo esa circunstancia, reside en no haber compactado a la población pobre más susceptible de ser reclutada por las bandas en una propuesta organizativa capaz de ofrecer una alternativa a las transformaciones de la economía capitalista (entre las que se cuenta el narcotráfico). El segundo, pese a lo anterior, gira en torno a la necesidad de establecer un proyecto con características propias, puesto que queda demostrado que las estrategias tradicionales de salida del narcotráfico han sido infructuosas. El relato de la «unidad nacional» promovido por el Gobierno es una envoltura vaciada de contenido, que no sea la violencia y persecución.
La política popular —y este es el tercer elemento orientador— debe presentarse como la real oposición al negocio del narcotráfico, una empresa construida desde los grupos económicos en articulación con los cárteles internacionales y las bandas delictivas locales y que cuenta con el beneplácito del/los gobierno/s de turno. La estrategia de desregulación laboral y las reformas de carácter antipopular, promocionadas por el gobierno de Noboa bajo el pretexto de «financiar la guerra» (DW 2024), son uno de los núcleos del proyecto. Como se evidenció, quienes causaron el desborde del narco (y se benefician de él) fueron los ricos. En otras palabras, son los culpables y quienes deberían asumir las consecuencias.
Se anhelaría que exista un cambio profundo en la estrategia del Estado en la «lucha contra el narcotráfico». Pues no solo ha fracasado —situación que se evidencia en el crecimiento de esta industria a nivel mundial y regional, incluyendo el primer semestre del 2024 en el Ecuador (OECO, 2024)—, sino también por las prácticas racistas y de criminalización de la pobreza que pretende ocultar las condiciones de miseria en las que vive la mayoría del pueblo ecuatoriano. Además, la concentración de dispositivos coactivos, tienden a fomentar la corrupción de las instituciones públicas y privadas (France 24 2023b), invisibilizar las precarias condiciones sociales de la mayoría de la población afectada y de incrementar la violencia irresoluta.
Además, a nivel de la sociedad civil, los únicos espacios que se han mostrado con capacidad de repeler el avance del narcotráfico han sido los territorios de las nacionalidades y los pueblos, a través de las guardias comunitarias, indígenas y populares. De la mano de lo anterior, es sospechoso que se pretenda construir dos mega cárceles en sitios con presencia de estructuras organizativas territoriales (como las que hay en las provincias de Pastaza y Santa Elena).
En definitiva, la proliferación del narcotráfico en el Ecuador es una manifestación agresiva de la degradación del capitalismo neoliberal y señala un punto de no retorno entre la barbarie y una —difícil pero necesaria— transformación profunda del Ecuador. Pone frente a frente a la narcoburguesía y a los sectores subalternos, cuyo principal referente organizativo es el Movimiento Indígena Ecuatoriano. La proliferación de las medidas antipopulares evidencia la instrumentalización de la «guerra contra el narcotráfico» hacia los de abajo, y no más.
Referencias bibliografía
AP News. 2023. «Cárteles explotan industria bananera de Ecuador para traficar cocaína». En: https://apnews.com/world-news/general-news-808862641d5a073d184596834319dc73
Bagley, Bruce, Adrián Bonilla y Alexei Páez (Editores). 1991. La economía política del narcotráfico: el caso ecuatoriano. Quito: Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales
BBC. 2024a. «El presidente Daniel Noboa declara la existencia de un ‘conflicto armado interno’ en Ecuador y ordena al Ejército restablecer el orden tras varios atentados y la toma de un canal de TV». En: https://www.bbc.com/mundo/articles/c3gy2zz03dpo
BBC. 2024b. «Lo que revela la crisis de Ecuador sobre el comercio mundial de drogas». En: https://www.bbc.com/mundo/articles/clmjden7vp1o
Bedoya Jiménez, Mauricio A. 2016. «La lucha contra las drogas: fracaso de una guerra, comienzo de una nueva política». Drugs and Addictive Behavior, 1(2). Pp. 237-254.
CNN. 2021. «EE.UU. asegura que ha retirado visas a "generales" vinculados al narcotráfico y Ecuador pide información». En: https://cnnespanol.cnn.com/2021/12/13/eeuu-narcotrafico-ecuador-orix/
CNN. 2024a. «El presidente de Ecuador ratifica acuerdos militares con EE.UU. ¿Qué operaciones conjuntas emprenderán contra la delincuencia organizada?» En: https://cnnespanol.cnn.com/2024/02/15/presidente-ecuador-ratifica-acuerdos-militares-estados-unidos-orix/
CNN. 2024b. «Noboa dice que en seis meses ha logrado lo que gobiernos pasados no hicieron ‘ni en 10 años’». En: https://cnnespanol.cnn.com/2024/05/24/noboa-dice-logros-discurso-informe-nacion-orix/
Debord, Guy. 1967. La sociedad del espectáculo. Paris: Editorial Buchet-Chastel, París.
Deleuze, Gilles. 2005. Derrames entre el capitalismo y la esquizofrenia. Buenos Aires: Editorial Cactus.
DW. 2024. «Ecuador sube el IVA para financiar combate al narcotráfico». En: https://www.dw.com/es/ecuador-sube-el-iva-para-financiar-combate-al-narcotr%C3%A1fico/a-68333118
El Comercio. 2022. «Guillermo Lasso dijo que el paro de junio fue financiado por el narcotráfico». En: https://www.elcomercio.com/actualidad/politica/lasso-paro-junio-financiado-narcotrafico.html
El Comercio. 2024. «Niños y adolescentes reclutados por GDO viven una ‘doble criminalización’». Quito. En: https://www.elcomercio.com/actualidad/seguridad/ninos-adolescentes-reclutados-gdo-ecuador.html
El País. 2023. «La caída de Genaro García Luna, el zar de la guerra contra las drogas de México». En: https://elpais.com/mexico/2023-02-22/la-caida-de-genaro-garcia-luna-el-zar-de-la-guerra-contra-las-drogas-de-mexico.html
El Universo. 2022. «Mafias albanesas instalan escuelas de sicarios en Guayaquil». En: https://www.eluniverso.com/noticias/internacional/mafias-albanesas-instalan-escuelas-de-sicarios-en-guayaquil-nota/
Foucault, Michel. 2002. Vigilar y Castigar. Buenos Aires: Editores Argentina
France 24. 2023a. «Ecuador: asesinan a Rubén Cherres, personaje clave del caso que llevó a Lasso a juicio político». En: https://www.france24.com/es/am%C3%A9rica-latina/20230402-ecuador-asesinan-a-rub%C3%A9n-cherres-personaje-clave-del-caso-que-llev%C3%B3-a-lasso-a-juicio-pol%C3%ADtico
France 24. 2023b. «Unos 30 jueces, fiscales y policías detenidos en Ecuador en investigación por narcotráfico». En: https://www.france24.com/es/minuto-a-minuto/20231214-unos-30-jueces-fiscales-y-polic%C3%ADas-detenidos-en-ecuador-por-narcotr%C3%A1fico
Gunder Frank, Andre. 1973. Lumpe-burguesía: lumpen-desarrollo. Dependencia, clase y política en América Latina. Buenos Aires: Ediciones Periferia
Human Rights Watch. (22 de mayo de 2024). Carta al presidente Noboa sobre “Conflicto armado interno” y violaciones de derechos humanos en Ecuador. https://www.hrw.org/es/news/2024/05/22/carta-al-presidente-noboa-sobre-conflicto-armado-interno-y-violaciones-de-derechos
Infobae. 2023. «Ecuador se convirtió en un centro de blanqueo de capitales, según nuevo estudio». En: https://www.infobae.com/america/america-latina/2023/10/09/ecuador-se-convirtio-en-un-centro-de-blanqueo-de-capitales-segun-un-nuevo-estudio/
Infobae. 2024. «Las bandas narco de Ecuador reclutan a niños y les pagan entre 3 y 4 mil dólares». En: https://www.infobae.com/america/america-latina/2024/06/04/las-bandas-narco-de-ecuador-reclutan-a-ninos-y-les-pagan-entre-3-y-4-mil-dolares/
Iza, Leonidas, Andrés Tapia y Andrés Madrid. 2021. Estallido. La Rebelión de Octubre en Ecuador. Quito: Fondo de Cultura Económica.
Martínez, Christopher A. 2022. «Tradición democrática y sobrevivencia presidencial: el caso de Lucio Gutiérrez en Ecuador». En: Revista Ecuatoriana de Ciencias Políticas N°1. Quito: Asociación Ecuatoriana de Ciencias Políticas. PP. 44-65.
OECO (Observatorio Ecuatoriano de Crimen Organizado). 2024. Boletín anual de homicidios intencionales en Ecuador. Fundación Panamericana de Desarrollo. En: https://oeco.padf.org/wp-content/uploads/2024/04/OECO.-BOLETIN-ANUAL-DE-HOMICIDIOS-2023.pdf
OECO y PADF (Pam American Development Foundation). 2023. Caracterización del crimen organizado. Informe Ecuador. En: https://insightcrime.org/wp-content/uploads/2023/08/Caracterizacion-Crimen-Organizado-OECO.pdf
Ojo Público. 2024. «Narcomafias del oro: grupo criminal Los Lobos opera más de 20 minas en Ecuador». En: https://ojo-publico.com/4909/narcomafias-del-oro-ecuador-las-minas-del-grupo-criminal-los-lobos
Papathanasiou, Johannes. 2024. «El difícil camino hacia la paz en Colombia Plan Ecuador». En: Jacobinhttps://jacobinlat.com/2021/03/25/el-dificil-camino-hacia-la-paz-en-colombia/
Plan V. 2024. «Criminales colombianos y ecuatorianos extienden su violenta influencia por la Amazonía». En: https://www.planv.com.ec/investigacion/investigacion/criminales-colombianos-y-ecuatorianos-extienden-su-violenta-influencia
Primicias. 2023a. «Violento inicio de año en las provincias que están en la 'ruta de la droga'». En: https://www.primicias.ec/noticias/en-exclusiva/provincias-ruta-droga-muertes-violentas-ecuador/
Primicias. 2023b. «Pobreza, desigualdades e inseguridad: El círculo vicioso que enfrenta Ecuador». En: https://www.primicias.ec/noticias/firmas/pobreza-desigualdad-inseguridad-ecuador-informalidad/
Primicias. 2024. «Los Choneros y Los Lobos comienzan a convertirse en carteles del narcotráfico». En: https://www.primicias.ec/noticias/en-exclusiva/grandes-bandas-nuevos-carteles-ecuador-narcotrafico/
Rivera-Rhon, Renato y Carlos Bravo-Grijalva. 2020. «Crimen organizado y cadenas de valor: el ascenso estratégico del Ecuador en la economía del narcotráfico». Revista Latinoamericana de Estudios de Seguridad. Quito: Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales
RT (Rusia Today). 2022. «¿Estuvieron financiadas por el narcotráfico las protestas en Ecuador? Las acusaciones del Gobierno y la respuesta del movimiento indígena». En: https://actualidad.rt.com/actualidad/435261-ecuador-financiamiento-protestas-movimiento-indigena-gobierno
Swissinfo. 2023. «Petro asegura que la geografía mundial de las drogas cambia por el fentanilo». En: https://www.swissinfo.ch/spa/petro-asegura-que-la-geograf%C3%ADa-mundial-de-las-drogas-cambia-por-el-fentanilo/48731132
UNODC (United Nations Office on Drugs and Crime). 2023. Global report on Cocaine 2023. Local dynamics, global challenges. New York: United Nations Publications.
Voz de América. 2023. «Cárteles explotan industria bananera de Ecuador para traficar cocaína». En: https://www.vozdeamerica.com/a/carteles-explotan-industria-bananera-de-ecuador-para-traficar-coca%C3%ADna/7253967.html
Wacquant, Loïc. 2000. Las cárceles de la miseria. Buenos Aires: Ediciones Manantial.
Wambra Medio Comunitario. (17 de abril de 2024). S.O.S Palo Quemado y las Pampas resisten a la minería. https://wambra.ec/s-o-s-palo-quemado-y-las-pampas-resisten-a-la-mineria-2/
Zibechi, Raúl. 2024. “Ecuador: una guerra contra el movimiento indígena”. En: Desinformémonos desde abajo.
[1] Del análisis del procedimiento operativo y del posterior asesinato del fiscal César Suarez, encargado de investigar el «asalto armado» al canal TC Televisión, se puede sospechar que fue una operación montada o al menos tolerada desde los aparatos de seguridad con la finalidad de responsabilizar al «terrorismo» y justificar la declaratoria de «conflicto armado interno».